Este Programa atiende a 1.211 menores en situación de riesgo o desprotección en la provincia de Córdoba
Este Programa atiende a 1.211 menores en situación de riesgo o desprotección en la provincia de Córdoba
La delegada de Igualdad y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía en Córdoba, María Ángeles Luna, ha firmado este martes con el concejal de Bienestar Social del Ayuntamiento de Palma del Río, Antonio Navarro Santiago, el convenio para el mantenimiento del Programa de Tratamiento a Familias, que en palabras de la delegada, “consiste en proporcionar a las familias con menores en situación de riesgo un tratamiento específico e integrador que permita la adquisición de pautas rehabilitadoras que compensen la situación de desprotección que pueda afectar directa o indirectamente al bienestar de los y las menores”.
El Ayuntamiento de Palma del Río comenzó a desarrollar este programa en el municipio en noviembre de 2006. Para este nuevo convenio, fijado para el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2016 al 30 de abril de 2017, se ha incrementado la aportación municipal en un 97%, pasando de 600 euros anuales a 18.860 euros. El programa está actualmente atendido en Palma del Río por una psicóloga, una educadora y una trabajadora social.
Para la delegada, “la finalidad es preservar sus derechos y promover su desarrollo integral en su medio familiar, normalizando su situación, así como posibilitar su retorno a la familia de origen, en aquellos casos en los que, tras la adopción de una medida de protección, se contemple la reunificación familiar como la alternativa prioritaria y más adecuada para los menores”.
Con este Programa se persigue alcanzar objetivos muy concretos como mitigar los factores de riesgo, para evitar la separación del o la menor de su familia; capacitar a la familia para dar una correcta atención a sus hijos e hijas evitando cualquier conducta negligente o de maltrato, garantizando la seguridad y la integridad básica de los mismos; lograr que la familia funcione de manera autónoma y adecuada, que los y las menores tengan una atención y cuidados acordes a sus necesidades, así como proporcionar a las familias las habilidades y recursos técnicos necesarios para superar la situación de crisis que dio lugar a la medida protectora.
